Chárter de superyates y megayates, un problema a resolver   Llevamos tiempo manifestando el grave perjuicio que, no tan sólo para el sector sino para todo el país, supone la existencia en España del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el más que conocido "Impuesto de Matriculación", que grava con un 12% la adquisición de un barco de más de 8 metros, frenando así la venta de embarcaciones de mayor eslora. Texto: Yolanda Llinás y Alex Chumillas.

Dicho impuesto, único en Europa, tiene una consecuencia aún más negativa al hablar de chárter, puesto que si bien aquellos barcos que se matriculan en lista 6a, por estar destinadas "en exclusiva" a actividades comerciales, quedan exentas del pago de este impuesto, esta exención tan sólo es aplicable a barcos de hasta 15 metros de eslora. El sector no cesa de denunciar este hecho ante la administración, siendo cada vez más las voces que se alzan manifestando el per¬juicio que este impuesto supone para el país. Una de estas voces es la de Alex Chumillas, economista y asesor tributario especializado en náutica de recreo, a quién tenemos que agradecer que nos haya hecho llegar su experta opinión sobre tan importante tema, que detallamos a continuación: "En estos momentos en que tanto se discute la necesidad de crear empleo y riqueza en España, quiero poner de manifiesto una de las más simples decisiones económicas que podría adoptar el gobierno entrante para la activación, y nótese que digo activación y no reactivación, de un sector que entiendo es de gran interés para España, como es el Chárter de superyates y megayates en España. La simplicidad de la medida, y las consecuen¬cias económicas que podría representar, hace que sea sorprendente que hasta la fecha nadie haya cambiado nuestro marco legal. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, conocido en la jerga como Impuesto de Matriculación (IM), es de un tipo del 12% del precio o valor de la embarcación. Están sujetas al mismo las embarcacio¬nes de más de 8 metros de eslora que se registren en España y deben regis¬trarse en España las embarcaciones de las esloras citadas que se destinen a ser usadas en el territorio español (incluyendo aguas territoriales), por per¬sonas físicas residentes u otras entidades establecidas. La Ley 38/1992 que regula este impuesto establece, en su artículo 66.1.f, una exención para aquellas embarcaciones afectadas en exclusiva a la actividad de alquiler, siempre y cuando la eslora de esa embarcación sea como máximo de 15 metros. El porqué de los 15 metros y no de 18, 22 o sin lími¬te... nadie lo sabe. Lo cierto es que la existencia de esta limitación supone para España no participar en un mercado que genera unos 1.360 millones de euros al año en el Mediterráneo, puesto que la existencia de este límite hace que los denominados superyates no operen en aguas españolas.

Alguien puede pensar que este escrito es a favor de las grandes fortunas que son las que, en última instancia, pueden acceder a uno de estos barcos, pero me gustaría poner de manifiesto que esto se sitúa nada más lejos de la realidad. Es cierto que la aplicación de este impuesto a estas embarcaciones, cuyos precios pueden varias ostensiblemente desde 10 a 50 o más millones de euros, podría representar para el erario público un importante ingreso, pero simplemente esto no ocurre. ¿Por qué? Simplemente porque estas embarcaciones no operan en España, pues mientras en nuestro país tenemos este impuesto, los de nuestro entorno, como Francia, Italia, Grecia... no lo tienen. Como consecuencia de ello el "pastel" por la operativa comercial de estos barcos se reparte en otros países, sin llegarnos ni las migajas. Si España fuese el único destinao del Mediterráneo, podríamos entender el mantenimiento de este impuesto, pero no es el caso ya que lugares como la Costa Azul francesa, la Riviera Italiana, las Islas Griegas o la hermosa Croacia, son destinos igual de atractivos que los nuestros. El resultado es que nos estamos quedando fuera de un suculento negocio, mientras los países de nues¬tro entorno se frotan las manos por la existencia de este impuesto. Y como prueba de todo lo dicho, un simple dato: según un estudio que data del año 2007 y que fue presentado en el 47° Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima, en aquel entonces operaban en el Mediterráneo 599 superyates y megayates de de más de 24 metros de eslora. De ellos tan

Más allá de todo esto, los países de nuestro entorno no sólo no ponen las trabas que pone España, sino que tienen establecida un lucha atroz por atraer el registro de estas embarcaciones a su propio territorio. Así, Francia dispone de un registro especial por el que las embarcaciones allí registradas no pagan IVA en sus compras, al igual que Italia, mientras que el Reino Unido cuenta con un registro especial en Isle of Man, que aplica un impuesto de sociedades del 0% a las embarcaciones destinadas al charter allí registradas. Es sorprendente, cuando uno asiste a una Feria Internacional del sector, ver cómo los competidores de otros países son los primeros en recordarnos lo absurdo de nuestra legislación y el negocio que nos estamos perdiendo, ya que muchas de las embarcaciones que ellos representan estarían interesadas en venir a operar a España, pero nunca lo harán, bajo las actuales condiciones.

Y si algún representante de la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) asiste a un debate, mesa redonda o conferencia sobre este tema, nunca deja de manifestar su total extrañeza sobre el por¬qué de esta medida, aunque como funcionario público que es se vea obligado a aplicarla. Para más inri, cuando se ha intentado dar algún paso en pro de encontrar una solución al problema -como la pirueta que la Dirección General de Marina Mercante intentó hacer mediantela utilización del Registro Canario conocido como REBECA-, ya que las embarcaciones mercantes registradas en él están exentas del impuesto, la AEAT se ha apresurado a anunciar que no es aplicable y que, en cualquier caso, hay que seguir pagando el impuesto

Todo esto, que ha sido profusamente publicado y comentado a nivel internacional, ha convertido a España en el hazmerreír de todos los círculos náuticos. El último toque de atención procedente del extranjero se produjo por parte de la Comisión Europea el pasado mes de mayo, cuando indicó que la aplicación del mencionado impuesto a las embarcaciones comerciales con pabellón europeo era, al menos en lo que respecta a su aplicación, contraria al espíritu de las normas de libre establecimiento y que dicho impues¬to debería, en todo caso, aplicarse de forma proporcional al tiempo que estas embarcaciones pasan en aguas españolas.

Nótese que en este artículo estamos hablando del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, en lo que se refiere a embarcaciones comerciales. Sea como sea no está de más mencionar que para los part¬culares, los países de nuestro entorno también tienen sistemas más favo¬rables para la adquisición de embarcaciones. Así, mientras en España la carga impositiva por la compra de una embarcación es del 30% sobre el valor de venta (18% IVA + 12% Impuesto Especial), en países como Francia o Italia se aplica un tipo de IVA reducido, mediante los sistemas de leasing aprobados por sus respectivos gobiernos. En el caso de Francia es, por defecto, del 50% del tipo general, quedando la imposición indirecta en un 9,8%, mientras que en Italia existe un esquema similar relacionado con la eslora del barco. La conclusión en este ámbito del uso privado es también evidente: en nuestro país astilleros e importadores se las ven y se las desean para vender embarcaciones de más de 8 metros de eslora -por el triste¬mente famoso impuesto de matriculación-; mientras que los países de nues¬tro entorno idean políticas fiscales para favorecer las ventas en sus respec¬tivos territorios. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos el hecho de que en países como Francia se aplica un IVA 0% a aquellas embarcaciones dadas de alta en sus registros especiales, además de beneficiarse de un sis¬tema por el que cualquier embarcación destinada a una actividad comer¬cial -como el chárter-, esté dónde esté registrada, pague un 0% de IVA en todas sus compras y reparaciones, mientras que en España se les aplica el 18% íntegro.

Hay que aclarar que para aquellas embarcaciones con pabellón extraco¬munitario, el régimen aduanero comunitario contempla la posibilidad de aplicar el llamado Régimen de Perfeccionamiento Activo, mediante el cual pueden verse exentas del IVA, en casos de reparación. Pero para ello hay que cumplir una serie requisitos que hace que, en demasiadas ocasiones, resulte prácticamente imposible obtener la correspondiente autorización para acogerse a este régimen. Resulta incomprensible que la administración no comprenda que esta industria -la del repair y refit- mueve millones   II Opinión 1 Opinion de euros y genera un altísimo número de puestos de trabajo calificados; y no vea lo que se está perdiendo el sector y el país entero si, ante las difi¬cultades que encuentran en España, los barcos extranjeros deciden irse a ser reparados en cualquier otro país. Podría incluso añadir que existe una clara similitud entre el sector de la repa¬ración náutica y el de la construcción inmobiliaria -en el que nuestro país llegó a ser puntero durante muchos años-, pues ambos emplean carpinteros, pintores, electricistas, mecánicos, interioristas, técnicos de aclimatación, etc. Lo que me lleva a pensar que la náutica podría ser una magnífica válvu¬la de salida para la recolocación de la experta mano de obra existente en España, tan sólo con un cierto reciclaje. Todo ello sin contar con las posibi¬lidades de desarrollo de infraestructuras accesorias, como varaderos e insta¬laciones afines, que podrían estimular el propio sector de la construcción. Como conclusión, ésta es a mí entender una de las medidas de política eco-nómica más sencillas de llevar a cabo, ya que tan sólo supone la supresión de dos dígitos de una ley, un simple límite de 15 metros. Los detractores pueden argumentar que se trata de una medida para favorecer las rentas más elevadas, pero mirado en perspectiva no es así. También es cierto que en estos momentos de austeridad y de incremento generalizado de la pre¬sión impositiva, la medida puede parecer políticamente incorrecta, sin embargo si uno se aproxima con serenidad y frialdad al problema conclui¬rá que los beneficios generados por la eliminación de un impuesto, que en la práctica no se aplica, son enormemente más beneficiosos que su man¬tenimiento. Las empresas están allí esperando, listas para venir. Tan sólo necesitamos cambiar nuestro marco tributario".—


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